miércoles, 19 de octubre de 2011

Editorial: El agua como un derecho humano, un avance legislativo que no se puede estancar

Hoy todos reconocemos, por una razón u otra, que el agua es un recurso imprescindible pero cada día más escaso. Casi 2.000 millones de personas viven en zonas con escasez de agua en el mundo y si bien, el crecimiento poblacional en el último siglo fue de hasta cuatro veces, el consumo humano de agua lo hizo por nueve y las necesidades económicas de agua por cuarenta.

Seremos vigilantes de que este proyecto de reforma constitucional tan relevante no se quede durmiendo el sueño de los justos.

Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, nadie podía prever que llegaría el día en que el acceso al agua sería un problema, pero en el 2010 no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es una de las peores violaciones a los derechos humanos.

Es por ello, que nos complace el dictamen afirmativo de mayoría que emitiera ?la Comisión Especial creada por la Asamblea Legislativa a fin de estudiar y recomendar un texto que reconociera y garantizara el derecho humano de acceso al agua en nuestra Carta Magna. Esta Comisión propuso al Plenario Legislativo, la adición de un nuevo artículo 50 bis al Título V “Derechos y Garantías Sociales” de la Constitución Política, que reconoce expresamente este derecho.
En la moción que esta Comisión recomienda se propone establecer que se trata de un derecho fundamental e irrenunciable aclarando, además, que el acceso al agua debe darse de forma suficiente y segura para todas las personas que permita a todas las y los habitantes de la República satisfacer plenamente sus necesidades básicas relacionadas con este líquido vital.
Esta actitud resuelta de los legisladores que votaron afirmativamente este dictamen debe ser reconocida y apoyada por todos, pues no solo nos pone dentro de un pequeño grupo de países que ya han avanzado en esta elevación constitucional, si no que además crea las condiciones políticas para que a nivel de gobierno se hagan las inversiones necesarias y se realicen las reformas institucionales que hagan efectivo este reconocimiento.

Este avance legislativo se gesta en un entorno global, dentro de las Naciones Unidas, que no puede pasar desapercibido. Y es que el pasado 28 de julio, este derecho ha sido reconocido por primera vez de forma expresa por la Asamblea General de este organismo, con el voto favorable de 122 países, incluida Costa Rica, se aprobó una resolución que “declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Esta histórica resolución fue propuesta inicialmente por Bolivia, y no tuvo en su haber ningún voto en contra, aunque si varias abstenciones, entre estas la de los Estados Unidos y Reino Unido.
Hace dos semanas, en el mismo sentido, el Consejo de Derechos Humanos emite otra resolución en la que, entre otras cosas, afirma “el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la dignidad humana”, de acuerdo al Comentario 15 del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU.

Sin embargo, las resoluciones de la ONU no tienen carácter vinculante, sino que son declaraciones de política y de principios. Eventualmente, en materia de derechos humanos y ambiente, podrían ser invocadas como fuentes de derecho, en países que las reconocen como tales, como por ejemplo el nuestro. Igualmente, un proyecto de reforma constitucional no pasa de ser nada más que una buena intención, si no es aprobada en las dos legislaturas que se requiere para que la reforma aplique.

Por ello seremos vigilantes de que este proyecto de reforma constitucional tan relevante no se quede durmiendo el sueño de los justos, no sea un sedativo para calmar las presiones de los grupos sociales que la pedían o sea bombardeada de mociones para que no avance en el proceso legislativo. Esta vigilancia nos llevará a denunciar cualquier práctica obstaculizadora que se de en este sentido.

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